Asociaciones civiles rechazan que la Dra. Reina Roa represente a Panamá en la Conferencia de las Partes (COP10) sobre el Control del Tabaco por carecer de “solvencia moral” para hacerlo.

Las organizaciones que se han opuesto a la representación de la Dra. Roa en la COP10 argumentan que su idoneidad y autoridad moral son seriamente cuestionables porque ha estado involucrada en un proceso legal y ha hecho una gestión deficiente en la implementación de políticas de control del tabaco. La solicitud busca preservar la reputación y credibilidad de Panamá, considerando especialmente que será el país anfitrión de las próxima Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, del 20 al 25 de noviembre, con la participación de delegaciones de más de 180 países.

La petición oficial la hizo la Coalición por la Reducción de Daños de Panamá al presidente Laurentino Cortizo y a la ministra de Relaciones Exteriores, Janiana Tewaney. Les solicitan que intervengan y elijan a un nuevo representante para reemplazar a la doctora Reina Roa, designada actualmente para representar a Panamá en la COP10 y en la Reunión de las Partes (MOP3) del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.

De acuerdo con la Coalición —conformada por la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (ARDTP), la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo y la Asociación de Cannabis Medicinal de Panamá (ACAPAN)—, la idoneidad y autoridad moral de la Dra. Roa, quien es funcionaria del Ministerio de Salud, son seriamente cuestionables desde su participación en un proceso legal presentado ante el Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, a raíz de una investigación de la Contraloría General de la República durante la administración anterior. Según ellos, «Reina Roa carece de la solvencia moral requerida para representar al país ante un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas como lo es el Convenio Marco de Control de Tabaco».

De acuerdo con un oficio tramitado por el Tribunal de Cuentas (186-TC-26-2016), la doctora Reina Roa se enfrenta a una orden de incautación y embargo de sus bienes por un monto de 87.930 dólares. El documento revela que durante su función como directora del Departamento de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, Roa aseguró haber recibido servicios de traslado de pacientes en estado crítico o grave hacia hospitales ubicados en áreas remotas. Sin embargo, una auditoría reveló discrepancias preocupantes: las horas facturadas no coincidían con las registradas en los formularios de solicitud de traslado, se encontraron facturas de traslados sin pruebas de admisión de los pacientes en los registros médicos y se descubrieron formularios de solicitud incompletos, sin información sobre los horarios de los vuelos de regreso. Además, se detectaron facturas de traslados sin evidencia clara de la prestación del servicio.

Como si esto fuera poco, de acuerdo con la Coalición, los problemas asociados con la Dra. Roa no están limitados a esta situación ilegal. La implementación de políticas de control del tabaco en la última década, bajo su responsabilidad, ha sido desastrosa: «El contrabando de productos de tabaco ha alcanzado niveles alarmantes, representando el 92,1 % del mercado en 2022, y esto ha generado pérdidas fiscales anuales de hasta 300 millones de dólares y un volumen de lavado de dinero que asciende a 165 millones de dólares, según admisión del propio presidente».

«La gravedad de estos cargos pone en peligro la reputación de Panamá en el ámbito internacional, especialmente considerando que el país será el anfitrión de las conferencias en noviembre, recibiendo delegaciones de más de 180 países», comenta Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá y uno de los líderes de la Coalición. «Es fundamental destituir a la Dra. Reina Roa de su cargo y designar a una persona de reconocida integridad moral, capaz de liderar una delegación inclusiva que represente a todos los sectores gubernamentales y de la sociedad civil. El prestigio y la reputación del país están en juego y es imperativo actuar con prontitud y responsabilidad en beneficio de la transparencia y la credibilidad de Panamá en el escenario internacional».

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